La resistencia popular contra el golpe no desiste en sus acciones para que retorne la constitucionalidad al país. El pueblo hondureño está próximo a cumplir más de dos meses en las calles, en protesta por el retorno de la constitucionalidad y en rechazo a las políticas de represión del régimen golpista. Como parte de una nueva estrategia para afianzar el rechazo internacional a la administración de facto de Roberto Micheletti, la resistencia popular convocó una jornada mundial para condenar el golpe de Estado.
La resistencia popular hondureña convocó una jornada mundial para el próximo 28 de agosto, en rechazo al golpe de Estado contra el gobierno del presidente, Manuel Zelaya, que también condenará el apoyo de organismos de inteligencia estadounidense a la administración de facto de Roberto Micheletti.
"Exhortamos a las personas solidarias y comprometidas con la democracia a sumarse a la protesta contra la dictadura instaurada por la oligarquía hondureña en complicidad con los sectores internacionales más conservadores", señala la convocatoria.
Para denunciar y rechazar la complicidad de sectores estadounidenses con el régimen golpista, la resistencia popular convocó la realización de plantones frente a las embajadas de (EE.UU.) en diversos países del mundo.
Los convocantes exigieron al gobierno de Estados Unidos una posición contundente contra el régimen de Roberto Micheletti, que incluya la interrupción inmediata de todo tipo de cooperación militar, diplomática y económica.
El presidente Zelaya ha calificado de tibia la actitud de la Casa Blanca frente al régimen que tomó el poder en su país de manera ilegal.
El Frente Nacional contra el golpe de Estado, principal promotor de la iniciativa, demandó el retorno a la institucionalidad en Honduras.
Afirmó que la solución de la crisis hondureña "podría tomar cinco minutos", si el gobierno estadounidense rechaza con acciones, de manera categórica el golpe de Estado, por la gran dependencia económica que tiene Honduras de Estados Unidos.
Exigió la restitución incondicional del presidente Manuel Zelaya y el castigo para los violadores de los Derechos Humanos (DDHH).
Desde el golpe de Estado se han presentado innumerables violaciones a los DDHH por parte de funcionarios policiales y militares, hacia protestantes a favor del retorno a la legalidad de la nación. También dirigentes sociales afectos al derrocado Manuel Zelaya, permanecen como presos políticos, mientras que a otros reciben constantes amenazas a su integridad.
Además, hasta la fecha, han fallecido cuatro personas por la represión a las manifestaciones.
El primer caído fue Isis Obed Murillo quien perdió la vida el 5 de julio, luego de recibir un impacto de bala en el craneo. El suceso se registró en el aeropuerto de Tegucigalpa después que las fuerzas militares abrieron fuego contra un grupo de civiles que esperaba el regreso del presidente Manuel Zelaya.
La segunda víctima fue el dirigente social y militante de izquierda Roger Bados, de 54 años, asesinado el 11 de julio por desconocidos a la salida de su casa en la norteña ciudad de San Pedro Sula. Bados participaba activamente en las manifestaciones contra el gobierno de facto de micheletti.
A la lista fatal se unió el 25 de julio Pedro Magdiel Muñoz un joven simpatizante del presidente Manuel Zelaya cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la región fronteriza entre Nicaragua y Honduras con aparentes signos de tortura. Sus compañeros aseguraron que el muchacho fue detenido el día anterior por los grupos de seguridad versión que fue negada por las autoridades.
El maestro hondureño que fue herido de bala en la cabeza el pasado jueves 30 de julio, cuando funcionarios militares y policiales dirigidos por las autoridades golpistas de Honduras, arremetieron contra una protesta en favor del derrocado presidente, Manuel Zelaya, murió este sábado como consecuencia de las lesiones, según informaron la familia y el sindicato de docentes.
Fuente: Telesur
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