Como era previsible, el involucramiento del Departamento de Estado y del Pentágono en la preparación del golpe de Estado que destituyó al presidente hondureño Manuel Zelaya llevó, lógicamente, a ganar tiempo para llegar a una farsa electoral organizada y presidida por los golpistas para perpetuarse en el poder.
Barack Obama reconoció a Zelaya como único presidente, al igual que la ONU y la OEA, pero el establishment estadunidense, los republicanos y la derecha de los demócratas, Hillary Clinton y su clan, y el Pentágono, protegieron y salvaguardaron a los golpistas de Tegucigalpa y reconocen ahora unas “elecciones” que son la continuidad y la culminación del golpe y esperan legitimarlo.
Si Estados Unidos hubiese congelado el envío de las remesas de los hondureños y todos los bienes de los “ golpistas, y hubiese retirado todo su apoyo a Honduras, además de aplicarle un bloqueo como el que perpetra contra Cuba, Micheletti y su banda no hubiesen durado ni una semana. Pero los pedidos de Zelaya a Washington para que interviniese en favor de la legalidad pisoteada llegaban a los oídos de los promotores de siempre de los asesinatos de presidentes latinoamericanos y de los promotores de golpes de Estado y dictaduras.
La famosa “era Obama” es, en efecto, un invento de los medios de información pues el presidente, considerado advenedizo por los poderes de hecho, no puede modificar la política imperialista de Estados Unidos con la que tiene, además, sólo algunas diferencias tácticas. Es más: el golpe de Honduras y el apoyo a las seudoelecciones organizadas por los golpistas se inscriben en una política que llevó a crear cuatro bases militares en Panamá y siete en Colombia, desde las cuales puede agredir a cualquier país de Sudamérica y a desplegar la IV Flota en aguas latinoamericanas, además de reforzar el Plan Mérida y el Plan Colombia y de preparar la “hondurización” de Nicaragua y Paraguay, así como el hostigamiento militar contra Venezuela.
Aunque los golpistas llenen ahora sus urnas con votos inexistentes para tratar de ocultar el boicot y la gran abstención que se sumarán el 29 de noviembre para hacer que las elecciones sean nulas, no podrán evitar que el “presidente” fantoche y los congresistas espurios así elegidos sean ilegales e ilegítimos, no sólo para los hondureños sino también para la ONU, la OEA y buena parte de la opinión pública internacional (la de derecha considerará “normal” el proceso y miles de millones de personas, entre otros, los chinos, ni saben ni sabrán siquiera lo que pasa en Honduras o dónde queda este país).
Cerrada así la vía de la mediación internacional y de los recursos institucionales, sólo queda la de la extensión y profundización de la resistencia popular, o sea, la misma vía seguida anteriormente por bolivianos y ecuatorianos para derribar al gobierno de la oligarquía y abrir el camino a una asamblea constituyente que reorganice el país y garantice los derechos de los indígenas, los campesinos y los trabajadores en general. Comprometidos con el golpismo (o con sus elecciones fraudulentas) los partidos tradicionales, sólo queda, como en Bolivia, en Ecuador o en Venezuela, la unificación de los grupos de la resistencia popular y los sindicatos campesinos y obreros clasistas en un movimiento-partido, amplio y polifacético, para dirigir la lucha.
La legalidad, la restitución de Zelaya como presidente, será sin duda bandera principal del primer momento de la misma, pero la dinámica de las movilizaciones tenderá a superar los cálculos y las vacilaciones de Zelaya, que mira con un ojo las movilizaciones (que intenta controlar) y con el otro a un sector del Partido Liberal y al Departamento de Estado. Lo que decidirá el futuro de Honduras no será Zelaya sino el particular zelayismo, cada vez más audaz e independiente, de quienes se oponen al golpe gorila.
Éstos –los integrantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que se apoyan en indígenas y campesinos y plantean ya la convocatoria de una asamblea nacional constituyente democrática y popular– tienen un gran bagaje político. Sufrieron y resistieron el golpe de Estado de 1972 y fueron masacrados en 1980, entre otros por el padre de Zelaya. En 2000 formaron el Bloque Popular y organizaron la resistencia campesina contra el Tratado de Libre Comercio y entre ellos tiene gran peso Vía Campesina, con una trayectoria internacionalista y radical y el Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (Moicam), así como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc). Además, por el golpe y por la sequía, los campesinos no han podido sembrar y por la crisis no pueden emigrar a Estados Unidos; de modo que para ellos la alternativa es la hambruna o la lucha.
El apoyo internacional, sobre todo latinoamericano, a este combate heroico de los hondureños no sólo ayudará, por tanto, a prevenir otros golpes anunciados en otros países sino también a acortar los plazos para el fortalecimiento de la resistencia y para abrir una espiral “boliviana” (movilizaciones que expulsan a una dictadura, elecciones libres, constituyente, nuevas movilizaciones y elecciones para reorganizar el país).
Guillermo Almeyra
Fuente: La Jornada
